sábado 18 mayo 2024
22 agosto, 2022
(Fabián Robles/22 de agosto 2022) La detención el pasado viernes del exprocurador Jesús Murillo Karam, involucrado en el caso Ayotzinapa; y la liberación de Rosario Robles Berlanga, implicada en la llamada Estafa Maestra a su paso por la Sedatu, podrían tener alguna repercusión entre personajes de Tlaxcala y, según el desarrollo de las indagatorias respectivas, devendrían en varias sorpresas.
Con Murillo Karam, padre de la tristemente célebre “verdad histórica”, José Aarón Pérez Carro -exsecretario de Gobierno en tiempos de la administración del priista Marco Antonio Mena- no dio resultados en la investigación emprendida por la entonces PGR sobre los hechos registrados la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014 cuando desaparecieron 43 alumnos de la escuela normal rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa.
En esa dependencia, Pérez Carro tuvo en sus manos una etapa de las investigaciones, pero a mediados de 2016 fue removido como titular de la oficina de investigación del caso Iguala, en el que figura el nombre de un joven originario de Huamantla entre los alumnos desaparecidos, situación está que no es un asunto menor.
El tlaxcalteca fue relevado de esa encomienda en medio de un alud de críticas por los yerros cometidos durante la investigación de este caso que sigue sin esclarecerse, y que devino en la detención la semana pasada del hidalguense Murillo Karam.
Hasta ahora no se sabe si el nombre de José Aarón Pérez figura en la lista de 33 exfuncionarios federales y municipales de Guerrero que son investigados por lo que el actual gobierno federal ha calificado como un “crimen de Estado”. Pero todo puede suceder, ya que éste no es un caso cerrado.
Por otra parte, ahora que Rosario Robles dejó el penal de Santa Martha Acatitla para enfrentar en libertad el proceso por el escándalo bautizado como la Estafa Maestra, es necesario recordar que, en ese caso, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de la Universidad Politécnica de Tlaxcala (UPT).
Entre 2016 y 2017 dicha institución de educación superior firmó nueve convenios de colaboración con la Sedatu –entonces encabezada por Robles Berlanga-, que le pagó 188 millones 634 mil pesos a cambio de una serie de servicios que no cumplió.
De acuerdo con la denuncia respectiva, la UPT entregó la mayor parte de ese dinero a varias empresas fantasma o irregulares, con lo que se provocó un probable daño al erario.
El desvío del dinero se dio así: una dependencia de gobierno (Sedatu) hizo convenios con universidades o sistemas de radio para la prestación de supuestos servicios. Éstos, a su vez, subcontrataron a empresas que resultaron ser fantasma, y, por tanto, el dinero desapareció.
Según la auditoría forense -número 1611-DS-, la ASF detectó que la UPT “no prestó ningún servicio y su función fue únicamente transferir recursos a los proveedores que instruyó la Sedatu sin que éstos le prestaran los servicios objeto del convenio”.
Una de las empresas subcontratadas por la universidad entregó supuestos comprobantes de servicios que “no guardan ninguna relación con el objeto del primer convenio”, por lo tanto, dice la Auditoría, “se presume que la universidad distrajo recursos de manera indebida”.
Además, en el análisis de las cuentas bancarias, se detectó que la institución educativa “pagó indebidamente” a una persona moral de las subcontratadas que no guardan ninguna relación con los convenios específicos firmados con Sedatu, aunado a que dos personas morales más a quienes se les realizó pagos por supuestos servicios, no fueron localizadas en sus domicilios fiscales.
El tiempo dirá si, por ambos casos y de manera separada, personajes de Tlaxcala son llamados a cuentas para deslindar responsabilidades. Por lo pronto, que pongan sus barbas a remojar.