miércoles 4 diciembre 2024
3 diciembre, 2024
(Faro Noticias/3 de diciembre 2024) Señalado en su momento de incurrir en probables anomalías en el manejo de las finanzas públicas durante su gestión (2010-2013) como presidente municipal de La Magdalena Tlaltelulco, José Luis Sánchez Juárez fue designado como director de operación en el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA).
Desde el pasado 30 de noviembre, el exedil perredista presumió en sus redes sociales que rindió protesta como funcionario público de la administración federal “gracias a la aprobación de la Junta de Gobierno del INEA Nacional (sic). La encomienda es esforzarnos y trabajar con amor y responsabilidad para abatir el rezago educativo”.
Tras asumir el cargo, se comprometió a “trabajar arduamente para estar a la altura de nuestro gobierno de México”.
El excoordinador estatal de la campaña de Claudia Sheinbaum en Tlaxcala, ahora tiene a su cargo la coordinación de los 26 institutos del INEA en igual número de entidades federativas y seis unidades de operación de los 32 estados, además de dos mil 577 plazas comunitarias.
En noviembre de 2013, el entonces presidente municipal de La Magdalena Tlaltelulco fue denunciado por el diputado local del PAC, Bernardino Palacios Montiel de ordenar presuntamente la detención ilegal de Gloria Polvo Cedillo -que se desempeñaba como primera regidora-, después que ella diera a conocer al Poder Legislativo una lista con los nombres de una decena de “aviadores” en ese ayuntamiento.
Por esos hechos, la presunta agraviada presentó una denuncia penal que, sin embargo, no prosperó en responsabilidad alguna para el hoy funcionario federal.
A principios de septiembre de ese año, pobladores de ese municipio se manifestaron en el Congreso local y denunciaron el presunto desvío por más de 1 un millón 537 mil pesos en que habría incurrido Sánchez Juárez al frente del ayuntamiento.
También lo acusaron de mantener en la nómina a varios “aviadores” y de otras irregularidades administrativas como en la compra de uniformes y equipo para los policías de la comuna, material de alumbrado público y la adquisición de un terreno para una cancha deportiva, sin tomar en cuenta al Comité de Adquisiciones del ayuntamiento.
Además, los inconformes acusaron que el entonces presidente municipal no había hecho nada para finiquitar unas 15 demandas laborales que enfrentaba el ayuntamiento ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TCyA).