miércoles 4 diciembre 2024
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AVALA LEGISLATIVO DE TLAXCALA EXTINCIÓN DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS; EN BAJA CALIFORNIA, LA REFORMA CONSTITUCIONAL NO PASÓ


3 diciembre, 2024

(Faro Noticias/3 de diciembre 2024) En una sesión extraordinaria convocada exprofeso y fast track, por mayoría de votos diputados locales avalaron la reforma constitucional por la que se extinguen cinco órganos autónomos -entre ellos el Instituto Nacional de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI)-, y fusiona en un solo órgano desconcentrado al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

La minuta respectiva por la que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de simplificación orgánica, fue remitida el pasado 29 de noviembre por el Senado de la República al Congreso local.

Este martes, con 19 votos a favor y dos votos en contra el proyecto de decreto fue avalado por quienes integran la LXV Legislatura local.

La reforma plantea la extinción de siete organismos autónomos como el INAI, el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, el Consejo Nacional de Evaluación Política de Desarrollo Social, la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), “justificada bajo la premisa de eliminar la duplicidad de funciones, racionalización de los recursos públicos y la redirección de las políticas sociales”.

Este decreto especifica que los ahorros que se generen con la extinción de esos entes públicos se destinarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar y ajustarán sus estructuras orgánicas y ocupacionales de conformidad con los principios de racionalidad y austeridad republicana, eliminando todo tipo de duplicidades funcionales u organizacionales, atendiendo a las necesidades de mejora y modernización de la gestión pública.

Tras la aprobación y publicación de este decreto, la legislatura local tendrá un plazo de 90 días naturales para armonizar el marco jurídico en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales.

“La desaparición de estos organismos autónomos representa un golpe preocupante para la democracia y el equilibrio de poderes en el país. Estos entes fueron creados para actuar con independencia del gobierno, desempeñaban funciones esenciales como garantizar transparencia, proteger derechos humanos y supervisar el uso de recursos públicos”, reprochó la diputada Blanca Águila Lima.

La expriista advirtió que esta decisión traerá serias consecuencias como el debilitamiento de principios democráticos y falta de contrapesos que impactarán en la rendición de cuentas y combate a la corrupción, además de que generarán incertidumbre.

En el caso del INAI, lamentó que desaparezca “un aliado contra actos de corrupción en el país, lo que ahora nos coloca en la antesala de que el Estado se convierta en juez y parte al momento de validar qué es la información pública y cual es de carácter reservada”.

Águila Lima subrayó que la desaparición del INAI no obedece a una medida de austeridad, y su desaparición es para perpetuar la corrupción a través de “un certero y artero golpe a la democracia, es sepultar el acceso a la información bajo un manto de opacidad que beneficia exclusivamente a quienes no quieren ser cuestionados”.

EN BAJA CALIFORNIA, LA REFORMA NO PASA

Este martes, en el Congreso de Baja California, también se sometió a discusión y votación la minuta de reforma señalada, pero Morena y sus aliados -que en conjunto tienen 18 diputados- no lograron la mayoría, ya que solo obtuvieron 16 de 17 votos que necesitaban.

La legisladora del PT, Yohana Sarahí Hinojosa Gilvaja, votó en contra del dictamen y se dijo a favor de “la libertad de expresión y el derecho a saber”; mientras que la morenista Araceli Geraldo Núñez no emitió su voto.

Luego de ese revés en Baja California, en Tlaxcala los morenistas y aliados hicieron todo lo necesario para votar la minuta enviada por el Senado y así conseguir la aprobación de al menos 17 legislaturas estatales para que el Congreso de la Unión esté en condiciones de hacer la declaratoria de reforma constitucional y turnar el dictamen a la presidenta Claudia Sheinbaum para que lo mande publicar en el Diario Oficial de la Federación.