viernes 25 abril 2025
11 febrero, 2025
(Fabián Robles/12 de febrero 2025) Sin explicación alguna, Adriana Delgado Bolaños fue depuesta como titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), y en su lugar fue designado Gustavo Tlatzimatzi Flores. Llama la atención que, en este caso, sí se haya dado a conocer la identidad del responsable de esa área, lo que no sucedió con los de otras fiscalías.
La ahora exfuncionaria fungió poco más de un año como fiscal anticorrupción, ya que fue designada el 1 de febrero de 2024. Los motivos de su remoción se desconocen.
En un comunicado, se informó que la fiscal General de Justicia del Estado, Ernestina Carro Roldán “instruyó al nuevo titular (anticorrupción) a trabajar inmediatamente en las carpetas de investigación, con el objetivo de atender las denuncias y, en su caso, sancionar a todo servidor público responsable de algún acto de corrupción”.
El nuevo zar anticorrupción -se precisa en el boletín- “se desempeñaba como vicefiscal de la zona norte de la FGJE y cuenta con una amplia experiencia en materia de fiscalización”.
Tlatzimatzi Flores llegó a la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) a partir de abril de 2024, cuando asumió como titular del Departamento de Atención Integral y Justicia Alternativa.
Antes de ese cargo, desde 2016 laboró en el Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET), donde fungió como actuario, secretario técnico y secretario de acuerdos por ministerio de ley.
También ha sido coordinador de atención a la juventud en los ayuntamientos de Apizaco y Chiautempan.
Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), cuya cédula profesional la obtuvo en el año de 2012.
En noviembre de 2023 concluyó sus estudios de maestría en Derecho Electoral en la Universidad del Valle de Tlaxcala (UVT), aunque todavía no obtiene la cédula de ese grado académico, según una consulta realizada en el Registro Nacional de Profesionistas.
De acuerdo con su ficha curricular, cuenta con un curso de Derecho Fiscal por la UATx; y otro sobre el modelo de Financiamiento y Fiscalización en México, impartido por el Centro de Capacitación Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf).
UN FIASCO, LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN
El 25 de noviembre de 2024, Faro Noticias dio a conocer que, entre enero y diciembre de 2023, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) en Tlaxcala tenía 369 investigaciones iniciadas por posibles delitos de esta naturaleza; sin embargo, solo 33 avanzaron lo necesario para ser judicializadas, en 29 se logró la vinculación a proceso de los presuntos responsables, pero apenas una terminó en sentencia condenatoria.
“Este balance -que se presenta a nivel nacional- es preocupante”, concluyó el Observatorio Ciudadano Anticorrupción al hacer un análisis de la situación registrada en las fiscalías anticorrupción de todo México, sus resultados y retos.
En el caso de Tlaxcala, las cifras referidas son resultado de que la Fiscalía Anticorrupción solo contaba con cuatro agentes del Ministerio Público, seis policías de investigación, cuatro analistas, ningún oficial ministerial y carecía de peritos en la materia. En el caso de los dos primeros, la cifra de personal se mantenía sin cambios desde el año 2020.
La investigación realizada por el observatorio -impulsado por la organización Tojil, con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos en México- desveló que cada agente del MP en la entidad tenía asignadas 92 indagatorias, mientras que cada policía de investigación tenía a su cargo 62 en promedio.
“Para solventar este déficit de policías investigadores, los agentes del MP de las fiscalías anticorrupción suelen recurrir a la policía ministerial asignada a la Fiscalía General de Justicia del Estado. Sin embargo, esta situación no es la ideal, ya que estos policías no siempre están especializados en delitos de corrupción y su disponibilidad limitada genera retrasos en las diligencias”, según Tojil.
Para este estudio, un aspecto que los titulares de las fiscalías anticorrupción destacaron fue la posibilidad de resolver casos por vías alternas como los acuerdos reparatorios, “lo que permite dar un cierre al caos con la reparación del daño en beneficio de la víctima aun cuando no se llegue al juicio”. En el caso de Tlaxcala, a través de esa figura fue posible determinar tres carpetas de investigación durante 2023.
Si bien la investigación realizada a nivel nacional por el Observatorio Ciudadano Anticorrupción abarca de enero de 2023 a junio de 2024, la entonces procuradora de Tlaxcala, Ernestina Carro Roldán, solo respondió a la solicitud de información correspondiente al año. Respecto de los datos relativos al primer semestre de 2024 se abstuvo de contestar los requerimientos.
En 2020 había 624 carpetas de investigación abiertas, de las cuales cada uno de los cuatro agentes del Ministerio Público tenía asignadas un promedio de 156; es decir, cada policía uno de los seis policías de investigación tenía a su cargo un promedio de 104 indagatorias. Desde entonces la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) en Tlaxcala carecía de perito alguno.
Con ese dato, la fiscalía local estaba entre las primeras seis de los estados de la República en las que los agentes del MP tenían a su cargo más de 100.
Ya en 2022 las cargas de trabajo disminuyeron: para entonces, los agentes del MP se responsabilizaban, en promedio, de 140 carpetas; en tanto que los policías tenían a su cargo 93 indagatorias.
Del total de las investigaciones iniciadas, en los dos años referidos no hubo ninguna que terminara en sentencias condenatorias, evidencia clara de los niveles de impunidad existentes en Tlaxcala.
En contraparte, en 2020 de las 624 carpetas iniciadas un total de 16 fueron judicializadas y solo una terminó con la vinculación a proceso del probable responsable.
En 2022, de las 559 indagatorias abiertas un total de 126 fueron judicializadas y en 24 hubo vinculación a proceso de los probables responsables.
En el ínter de 2020 a 2022, un oficio fechado el 11 de junio de 2021 -es decir, casi en el ocaso de la administración del entonces gobernador priista Marco Antonio Mena Rodríguez- evidencia datos que llaman la atención: de enero a febrero de ese año se iniciaron 140 carpetas de investigación, de las cuales se judicializaron 14, y había “mil 579 actos de investigación pendientes al esclarecimiento del delito”.