jueves 3 abril 2025
23 marzo, 2025
(Faro Noticias/24 de marzo 2025) Las acciones de “saneamiento” del río Atoyac -presentadas el pasado fin de semana a la presidenta Claudia Sheinbaum durante su visita a Tlaxcala-, no solo son una farsa, sino una clara evidencia de que la recomendación emitida desde 2017 por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha sido incumplida por los tres niveles de gobierno porque la contaminación y el impacto en la salud “siguen presentes y en aumento”.
El Centro Fray Julián Garcés denunció que, a ocho años de esa recomendación, la CNDH ha dado por cumplidas las recomendaciones a la Semarnat, Conagua y Profepa; sin embargo, “las comunidades afectadas constatamos que no ha sido cumplida y que la situación de contaminación e impactos en la salud, denunciada en 2011 cuando se interpuso la queja, sigue presente y agravándose, como ya ha sido documentado por investigadoras e investigadores de diversas ciencias y universidades”.
Incluso, agregó, esa situación ya ha sido dada a conocer por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt) en el Primer Informe Estratégico. Cuenca del Alto Atoyac (Tlaxcala y Puebla): Región de Emergencia Sanitaria y Ambiental; Problemática Socioambiental y Recomendaciones para su Atención Integral, entregado al gobierno de Tlaxcala desde octubre de 2023.
Refirió que el doctor Omar Arellano Aguilar, de la Escuela de Ciencias de la Tierra de la UNAM “indica que diversos estudios realizados en los ríos Atoyac y Zahuapan han demostrado que existen 104 contaminantes tóxicos, de los cuales solo 22 se encuentran actualmente normados (NOM-001-Semarnat-2021). No obstante, más del 60 % de las descargas de aguas residuales rebasan los límites máximos permitidos de toxicidad”.
El Centro Fray Julián Garcés también señaló que la doctora Regina Montero Montoya, del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, “en lo biomonitoreos realizados en Españita y Apizaco, en donde los participantes fueron adolescentes, se encontraron altos niveles de cadmio. Asimismo, se identificaron niveles de exposición detectables a plaguicidas y bifenilos policlorados, los cuales son cancerígenos y disruptores hormonales”.
“Denunciamos que en la Cuenca del Alto Atoyac continuamos viviendo una devastación socioambiental con fuertes impactos en la salud y la vida de quienes aquí habitamos. Esto es el resultado de un desvío de poder del Estado que, contrario a representar y garantizar los derechos de la ciudadanía, durante más de medio siglo ha favorecido la industrialización, agudizada por los Tratados de Libre Comercio, que al día de hoy han generado el asentamiento de más de 22 mil industrias que hacen uso del agua como un recurso de producción, la venden como una mercancía y la contaminan con sustancias tóxicas como resultado de sus procesos productivos”, alertó.
RIESGOSA EXPOSICIÓN A MATERIAL TÓXICO
Con relación a la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Tlaxcala, denunció que, “con indignación, vemos y denunciamos que se instrumentó un operativo de aparente limpieza en la comunidad de Villalta en el municipio de Tepetitla de Lardizábal, donde desde hace quince días, a marchas forzadas, en un tramo del río levantaron residuos, retiraron flora, emparejaron caminos, metieron retroexcavadora y extrajeron lodos tóxicos, exponiendo a la población a todo ese material tóxico”.
Además, el Centro Fray Julián Garcés, acusó que, el pasado sábado, “antes de la llegada de la presidenta, se abrió una compuerta río más arriba, donde no hay descargas industriales, con el objetivo de disolver y arrastrar los contaminantes generados por las industrias, aparentando que no es tan grave la situación y que casi no hay olores tóxicos ni contaminación grave, como en realidad se vive cotidianamente”.
Lamentó que “el hecho de que la Cuenca del Alto Atoyac sea hoy una Región de Emergencia Sanitaria y Ambiental (RESA), es también resultado de la debilidad institucional que no lleva a la garantía y respeto de los derechos humanos”.
Aunado a lo anterior, subrayó, “en lo que respecta al ámbito estatal, se impulsan acciones que carecen de una perspectiva para la garantía del derecho humano al agua y su saneamiento, como las realizadas por el Poder Legislativo, que desde 2023 ha impulsado una serie de iniciativas que atentan contra estos derechos”.
Ejemplo de lo anterior refirió que el pasado 11 de febrero la diputada Ana Bertha Mastranzo Corona presentó al pleno de la LXV legislatura local una iniciativa de reforma constitucional para introducir el concepto de “mínimo vital”, que tiene el riesgo de reducir el acceso de agua a un estándar de litros, “sin considerar que en muchos casos las familias tlaxcaltecas requieren más litros, por ejemplo, para sus animales o huertos de traspatio con lo cual se garantizan el derecho humano a la alimentación. Un derecho humano nunca debe llevarse a su mínima expresión sino a su vivencia plena”.
ESTRATEGIA NACIONAL CUESTIONADA
Por lo que respecta al ámbito federal, el Centro Fray Julián Garcés lamentó que, en el Plan Nacional Hídrico 2024-2030, se considerara la construcción de siete plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) en zonas del río Zahuapan, “pero no se contempla una perspectiva de Cuenca. Además, es importante señalar que las PTAR no resuelven el problema principal de la Cuenca en tanto las fuentes industriales de contaminación sigan usando a los arroyos y ríos como drenajes y se estimule su expansión sin contemplar la capacidad ecohidrológica de la Cuenca”.
También cuestionó que para concretar el saneamiento del río Atoyac, se anunciara un plan integral, y como parte de éste, “durante los últimos meses, los gobiernos municipales de Tepetitla, Ixtacuixtla, Zacatelco y Papalotla han realizado jornadas de limpieza, en las que han convocado a la población, pero este tipo de acciones, además de poner en riesgo la salud de las personas, ya que se les expone a compuestos tóxicos volátiles y microorganismos patógenos presentes en el agua del río, muestra la falta de capacidad técnica y poca sensibilidad ante la situación que hemos padecido en el alto Atoyac por más de 20 años”.
Ante esa situación, el Centro Fray Julián Garcés exigió que la CNDH reconozca que la contaminación en la Cuenca del Alto Atoyac y el impacto en la salud siguen presentes y en aumento, y por tanto que no hay un cumplimiento real de la Recomendación 10/2017 sino una aguda violación a los derechos humanos.
También demandó que el Plan Integral de Saneamiento del Río Atoyac tome como base de sus acciones los estudios ya existentes en la Cuenca, como el Primer Informe Estratégico del entonces Conahcyt.
Pidió que se realice una intervención con perspectiva de Cuenca “y realmente sea un Plan Integral de Saneamiento como lo hemos exigido históricamente las comunidades afectadas; que un elemento fundamental a trabajar sea la eliminación de la toxicidad industrial por el alto riesgo que implica a la salud y vida de las personas; y se incluya la participación de las comunidades afectadas y de las y los científicos que por décadas han realizado investigaciones”.
A la LXV Legislatura demandó que retire el concepto de “mínimo vital” en la iniciativa de reforma constitucional promovida por la diputada Mastranzo “y que establezca el derecho humano al agua como lo indica la observación general No. 15 del Comité DESCA de la ONU; es decir, garantizando la disponibilidad, calidad y accesibilidad del agua a toda persona”.
A los gobiernos municipales de la Cuenca del Alto Atoyac, junto con las autoridades estatales y federales exigió que “dejen de exponer a la población con las jornadas de limpieza en la ribera de los ríos porque solo arriesga a las personas frente a los tóxicos generados por la industria, que científicamente se han documentado corren por los ríos Atoyac y Zahuapan. Y les exigimos que desde sus facultades garanticen que ninguna industria se conecte a los drenajes municipales”.
A la presidenta de la república le piden “que mire más allá de lo que el estado falsamente quiere mostrarle y asuma la posición de saneamiento real de la Cuenca, considerando que cuidar que la Norma se cumpla por las industrias no es suficiente, ya que solo 22 de las 104 sustancias tóxicas en el río Atoyac están normadas”.