jueves 3 abril 2025
2 abril, 2025
(Fabián Robles/2 de abril 2025) Integrantes de la LXV Legislatura local aprobaron el martes por unanimidad de votos la incorporación al Código Penal del estado del delito de “cobro indebido” -mejor conocido como préstamos “gota a gota”-, el cual será sancionado “con una pena de 10 a 15 años de prisión y multa de 2 mil a 3 mil veces el valor de la Unidad de Medida у Actualización (UMA)”.
La tipificación de ese ilícito se da tres años después de que se supo de las primeras detenciones de personas dedicadas a esa actividad en al menos la mitad de los municipios de la entidad, y a dos años del compromiso asumido por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Tlaxcala -junto con autoridades de otros seis estados- para combatir en la zona centro del país esa modalidad de extorsión también conocida como “gota a gota.
Según el dictamen presentado al pleno legislativo por la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y justicia y Asuntos Políticos, ese esquema “opera bajo la apariencia de préstamos (de dinero) informales, (y) se caracteriza por la imposición de tasas de interés exorbitantes y el uso de la violencia o intimidación para garantizar el cobro de deudas”.
Quienes se dedican a esa actividad ofrecen “préstamo gota a gota”, “préstamo facilito” o “paga diario” que son difíciles de pagar “debido a las elevadas tasas de interés, que regularmente superan el 500 %, e incluso siete veces los promedios de los servicios de microcrédito. Quienes incumplen los pagos son objeto de extorsión e intimidación para garantizar el cumplimiento del plazo establecido”.
LAS SANCIONES
Con la tipificación de ese delito, ahora quien obligue a otra persona, mediante amenazas o violencia física o moral, a realizar una acción u omisión relacionada con una obligación civil o mercantil para obtener un pago o beneficio, enfrentará una pena de 10 a 15 años de prisión y una multa de dos mil a tres mil UMAs.
Esta pena se incrementará hasta en una mitad si el delito es cometido por servidores públicos, miembros de empresas de seguridad privada, a través de medios electrónicos, con armas o instrumentos de amenaza, contra menores de 18 años o adultos mayores de 60, desde centros penitenciarios o causando daños, entre otros supuestos.
Asimismo, se sancionará con uno a siete años de prisión y multa de 5 mil a 8 mil UMAs a quien, sin autorización de las autoridades financieras, otorgue préstamos o créditos aprovechándose de la necesidad económica o el desconocimiento de las personas, imponiendo garantías o ventajas desproporcionadas. Esta pena se incrementará hasta en una mitad si se emplean medios coactivos, intimidación o amenazas.
También se castigará con uno a cuatro años de prisión y multa de dos mil a tres mil UMAs el uso de medios ilícitos o actos de hostigamiento para cobrar deudas civiles o mercantiles. Además, se aplicarán sanciones adicionales si se emplean documentos falsos o se usurpan funciones públicas o profesionales.
BANDAS COLOMBIANAS OPERAN EN TLAXCALA
De acuerdo con autoridades de la Ciudad de México -según la iniciativa-, “una red de prestamistas compuesta por aproximadamente mil 500 personas de origen sudamericano opera en el país desde 2015. Estas personas ingresaron como turistas y, para darse a conocer, comenzaron a entregar tarjetas en mercados y pequeños comercios de la capital y otras entidades, ofreciendo prestamos ´fáciles´ sin verificación en el buró de crédito ni necesidad de aval”
Para sustentar la iniciativa de adición de los artículos 270 Bis, 270 Ter y 283 Ter 1, todos al Código Penal local, el gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros incluyó algunos datos sobre la existencia en el estado de bandas dedicadas a esa actividad, muchas de las cuales “son de origen colombiano, quienes se encuentran en diversos municipios y se dedican a extorsionar personas con altos cobros gota a gota”.
La operación de esas organizaciones delictivas se ha detectado “en Apizaco, Tzompantepec, San Pablo del Monte y, en menor medida, en Calpulalpan. Quienes incumplen con los pagos, son objeto de extorsión e intimidación para garantizar el cumplimiento del plazo establecido (generalmente un mes)”.
Sin embargo, este dato se contrapone a lo que, en marzo de 2023, declaró el entonces titular de la SSC, Ramón Celaya Gamboa, a la periodista Guadalupe de la Luz: esas bandas existen en al menos 30 de los 60 municipios del estado, “y unas operan a gran escala en Apizaco, en el sur del estado, como Tenancingo y Nativitas; otros en menor nivel, en Tzompantepec o en Tlaxcala capital”.
Incluso, en esas declaraciones -publicadas en el periódico La Jornada de Oriente Tlaxcala-, el funcionario achacó diversos episodios de violencia registrados en la entidad a la operación de bandas de colombianos dedicadas a la extorsión “en la mitad del territorio estatal y quienes han hecho toda una vida aquí”.
Según Celaya Gamboa, los préstamos “gota a gota” ofrecidos por esos delincuentes podrían ser de 10 mil a 15 mil pesos, “pero con el cobro de intereses altos”. y “a veces, cuando las víctimas no pagan, terminan en homicidios”.
Desde aquel entonces, quien encabezaba la SSC desveló que ese tipo de prácticas llevaba “años sucediendo en el estado y no se había hecho nada. Conforme ha pasado el tiempo (los colombianos) se han vuelto cada día más violentos y cada día amenazan y extorsionan. En estos meses que llevo en el estado, he tenido casos de varios, y no están en la cárcel porque la gente no ha querido denunciar”.
¿PRIMERA DETENCIÓN?
Ramón Celaya Gamboa también dijo en aquella entrevista que, ante la falta de denuncias, la SSC realizaba por ese entonces labores de inteligencia para ubicar a quienes forman parte de esas bandas, contra quienes se procedía “por la vía administrativa-penal”. Su estrategia también consistía en “difundir y exhibir públicamente” a los presuntos delincuentes dedicados a esa actividad.
Una de las primeras detenciones de prestamistas -al menos de las que se tiene información en el gobierno morenista- tuvo lugar a finales de agosto de 2022: el 30 de ese mes se dio a conocer que tres presuntos integrantes de una banda denominada “Los Colombianos” fueron detenidos por policías de Chiautempan, gracias a un reporte hecho al Servicio de Emergencias 911.
Los hechos ocurrieron en la comunidad de San Pedro Muñoztla, luego que una mujer pidiera auxilio al ser víctima de amenazas, derivado de supuestos adeudos del sistema conocido como “gota a gota”, y cuyo pago le exigían dos mujeres y un hombre.
Por esos hechos la policía municipal chiautempense puso a disposición a María Alejandra N., alias “La Colombiana”; Laura N., “La Lau” y Juan Camilo N. Por su parte, personal del Instituto Nacional de Migración (INM) hizo lo propio para determinar la situación legal de esas personas y verificar su estancia legal en el país. Después ya nada de supo.
DETENCIONES FORTUITAS
Gracias a acciones fortuitas, y no como resultado de trabajos de inteligencia -como aseguró en su momento Ramón Celaya- o de denuncias penales, a principios de abril de 2023, en solo un par de días, policías estatales detuvieron en tres municipios a igual número de prestamistas colombianos conocidos como “tarjeteros”, informó la SSC.
El sábado 1 de abril de ese año, en una acción de patrullaje disuasivo, elementos del Grupo de Combate al Robo de Vehículos y Transporte, aseguraron a Daniel Felipe N., de 32 años, de nacionalidad colombiana, presunto prestamista “tarjetero” cuando transitaba de manera negligente a bordo de una motocicleta sobre la calle Allende Sur, del municipio de Huamantla.
Ese mismo día, policías estatales aseguraron a Carlos Alberto N., de 38 años, también originario de Colombia y considerado como presunto “tarjetero”, cuando manejaba una motocicleta de manera negligente en la entrada al municipio de Totolac.
Un día después, por alterar el orden público, elementos de la SSC aseguraron al colombiano Francisco Javier N., de 30 años, presuntamente dedicado a la misma actividad que sus paisanos. También aseguraron una motocicleta Italika tipo FT150 en la calle Adolfo López Mateos, primera sección, municipio de Xaloztoc.
Otro colombiano fue asegurado el martes 11 de ese mes de 2023 en el municipio de Santa Ana Nopalucan, donde elementos de la Unidad de Combate a Delitos Diversos adscritos a la Dirección de Investigación de la SSC detuvieron a Gustavo Emiro N., de 35 años, “por conducir de manera negligente una motocicleta Bajaj, modelo 125CC, color amarillo sobre el Barrio México”.
El 14 de abril -también de ese año- policías estatales detuvieron a dos hombres y una mujer dedicados presuntamente a extorsionar a pobladores de Chiautempan: José Ángel N., de 29 años; Julio César N., de 25 años y Elizabeth N., de 25 años de edad, en el barrio de Texcacoac, municipio de Chiautempan, señalados por los delitos de usura y cohecho.
Cuando realizaban un patrullaje preventivo, elementos de la Dirección de Investigación de la Policía Estatal aseguraron a esas personas al percatarse del momento en que llegaron a un local a bordo de dos motocicletas e intentaron cobrarle al propietario del negocio de manera intimidante.
Al indagar la situación, los presuntos responsables asumieron una actitud evasiva y entonces dijeron a los policías que si los dejaban ir serían recompensados, con lo que incurrieron en el delito de cohecho y por eso fueron puestos a disposición de la autoridad competente.
Presuntamente los detenidos laboraban para una empresa de cobranza y mensajería legal denominada Secomels; incluso, al momento de ser aprehendidos, entre sus pertenencias se les encontraron tarjetas con el nombre de esa compañía y un logotipo, pero sin dirección alguna.
El 17 de abril después, policías estatales detuvieron en el municipio de Tenancingo a un colombiano.
Sin embargo, el aseguramiento de Hugo Fernando N., no fue por esa actividad ilícita, sino por alteración del orden público al momento en que conducía de manera negligente una motocicleta Motocorp, tipo utilitaria, color rojo con negro y sin placa de circulación.
La SSC desveló que, entre sus pertenencias, a ese hombre se le encontraron al menos ocho boletas de cobro y dos listas con los nombres -escritos a mano- de personas a quienes, presuntamente, el detenido les cobraba préstamos.
En el anverso de esas tarjetas aparecía una imagen de San Judas Tadeo, y en el reverso había destinados al nombre del supuesto deudor, el monto y la fecha, además de 20 cuadros en lo que se inscribe cada uno de los pagos.
En una de las listas de probables deudores, aparecían algunos nombres y apodos de gente dedicada al comercio de jícamas, limón, cebolla y jitomate, quienes habrían contraído deudas desde los cinco mil y hasta los 20 mil pesos.
En otra lista con la leyenda “pendientes”, aparecían los nombres de otras nueve personas.
El 1 de mayo de 2023, policías de Chiautempan detuvieron a tres hombres -dos de origen colombiano– por el delito de cohecho y cobro extrajudicial ilegal en el barrio de Texcacoac.
Ese día, el hacer un recorrido preventivo, los oficiales notaron la presencia de un vehículo Chevrolet Beat color negro, mismo que estaba estacionado en sentido contrario y en cuyo interior se encontraban tres sujetos, quienes al notar la presencia policial intentaron evadirlos al ofrecerles dinero a cambio de dejarlos ir.
Este delito de cohecho ameritó que los policías municipales detuvieran a esos tres hombres, a quienes también se les señaló como presuntos responsables del cobro extrajudicial ilegal, en agravio a los chiautempenses.
Los tres sujetos fueron identificados como Juan N., de nacionalidad mexicana; además de William N., de 22 años de edad y Dairo Danilo N., de 19 años de edad, estos dos últimos originarios de Colombia
El 3 de mayo de ese año, en el barrio de Texcacoac, municipio de Chiautempan fue detenido Alexander N., originario de Colombia, por incurrir en los delitos de cohecho y amenazas.
Un reporte ciudadano alertó a policías municipales sobre un hombre que realizaba cobros bajo la modalidad de préstamos “gota a gota” y amenazaba verbalmente a vecinos.
Los oficiales acudieron al sitio para asegurar al presunto responsable para luego ponerlo a disposición de la autoridad ministerial competente.
Después de esas detenciones de presuntos prestamistas ya no se supo nada de acciones similares en los otros meses de 2023 ni en 2024.
El más reciente aseguramiento de un presunto “tarjetero” -al menos del que se tiene noticia- ocurrió el 22 de enero de este 2025 en la ciudad de Tlaxcala, donde autoridades de los tres nieles de gobierno detuvieron a un colombiano que supuestamente se dedicaba a los préstamos denominados “gota a gota” en el municipio capitalino.
Al momento de ser detenido, el presunto responsable manifestó dedicarse a actividades de cobro, sin contar con la documentación necesaria para su estancia legal en el país, por lo que las autoridades respectivas realizaron los trámites correspondientes para deportarlo “y garantizar que no continúe realizando actividades ilícitas en nuestro territorio”.
FEMINICIDIOS RELACIONADOS CON POSIBLES PRESTAMISTAS
A mediados de marzo de 2023, se registró un probable feminicidio en San Miguel del Milagro, municipio de Natívitas.
Según el entonces titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Ramón Celaya Gamboa, dijo que “pareciera que esa mujer estaría relacionada con bandas de colombianos que se dedican a los préstamos gota a gota”.
La víctima -una mujer de aproximadamente 40 años de edad- fue privada de la vida al recibir al menos seis impactos de bala que, al parecer, le habrían propinado dos hombres que supuestamente huyeron a bordo de una motocicleta.
Los préstamos “gota a gota”, refirió el entonces funcionario, “es otra actividad que durante muchos años se dejó crecer en el estado y no se combatía. Ya se identificó con qué banda de delincuentes colombianos presumiblemente está relacionada (esa mujer) y parece que ahí viene, pero no podemos dar más detalles”.
A principios de abril de 2023, una mujer sin vida y embolsada fue localizada en la comunidad de Santiago Michac, municipio de Natívitas, en una zona limítrofe con Xalmimilulco, Puebla.
Junto a los restos del cuerpo fue hallada una cartulina, en la cual se leía un mensaje cuyos destinatarios serían, supuestamente, extorsionadores colombianos dedicados a prestar dinero de manera ilegal a través del esquema conocidos como “gota a gota”.
El hallazgo fue cerca de la exhacienda Santa Elena, y la identidad de esa persona sin vida nunca se supo.
A través de un comunicado, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) confirmó que el cuerpo corresponde a una mujer, por lo que el Ministerio Público inició una carpeta de investigación por el delito de feminicidio, derivado de esos hechos.
DELITO SIN DENUNCIAS
A mediados de abril de 2023, la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó que no tenía registro de denuncia alguna en contra los llamados “tarjeteros” colombianos que utilizan el esquema de los préstamos “gota a gota” para extorsionar a tlaxcaltecas.
A pregunta expresa de este reportero, la dependencia confirmó que entre el 31 de agosto de 2021 y abril de 2023, durante el gobierno morenista, no tenía datos al respecto.
También en abril de ese año, titulares de las secretarías de Seguridad de los estados que conforman la zona centro del país se comprometieron a sumar esfuerzos para combatir la extorsión conocida como “gota a gota”, y para ayudar a la población a no caer en este tipo de prácticas realizadas a través de préstamos de dinero que ofrecen generalmente personas originarias de Colombia radicadas en México.
Ese fue uno de los principales acuerdos a los que llegaron funcionarios de Tlaxcala, Puebla, Hidalgo, Estado de México, Guerrero, Morelos y Ciudad de México que participaron en la Conferencia Nacional de Secretarias y Secretarios de Seguridad Pública.
Según el entonces subsecretario de Seguridad Ciudadana federal, Luis Rodríguez Bucio, para lograr ese objetivo se instalaría una mesa entre las autoridades referidas y representantes de la Coordinación Nacional Antisecuestro (Conase).
Aquella ocasión el funcionario advirtió que ese esquema se caracteriza porque los delincuentes ofrecen a cualquier persona préstamos sin garantía o aval alguno, con pagos en cuotas pequeñas, pero con intereses altos que a los pocos días es casi imposible de cubrir, lo que deriva en cuantiosas deudas.