viernes 9 mayo 2025
8 mayo, 2025
(Faro Noticias/9 de mayo 2025) De más de 120 contaminantes detectados a lo largo de la cuenca del Atoyac solo 22 se encuentran normados, lo que representa un grave riesgo para quienes viven en las inmediaciones de ese río, advirtió la doctora Gabriela Pérez Castresana, del Instituto de Medio Ambiente Xabier Gorostiaga SJ, IIMA, de la IBERO-Puebla.
Al participar en la presentación del XXIII informe de labores del Centro Fray Julián Garcés, la investigadora consideró que lo anterior es una clara evidencia de que la normatividad en la materia “es sumamente laxa” y debe ser fortalecida.
Tras resaltar la relevancia de fortalecer la vigilancia e inspección de las descargas industriales, tanto a ríos como a drenajes municipales, refirió que para el Plan de Saneamiento “debe haber metas e indicadores medibles que muestren el control de la toxicidad”.
Por su parte, la doctora Regina Montero Montoya, del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, advirtió que existen diversos compuestos tóxicos en la cuenca de ese río como son benceno, cloruro de vinilo, formaldeido y metales como plomo y cadmio.
Esos químicos, afirmó, “tienen efectos directos en la salud de quienes aquí habitamos, pudiendo ser: cáncer, daño renal, daño hepático, neurotóxicos, disruptores hormonales, entre otros”.
Por lo anterior consideró que, como parte de un plan de saneamiento integral, deben establecer acciones permanentes de vigilancia a la salud en sitios de alta contaminación, “con el objetivo de identificar daño temprano y poder tener una atención a su salud”.
Las dos investigadoras coincidieron en que es necesario regular la toxicidad de las industrias para eliminar el riesgo a la salud, pues de lo contrario “la tendencia de afectaciones a la salud puede ir en aumento”.
En un mensaje videograbado, Pedro Arrojo, relator especial de Naciones Unidas (ONU) sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, resaltó la gravedad de la contaminación en la cuenca del Alto Atoyac, el derecho al agua que fue reconocido sin reparo por la Asamblea General hace más de diez años, y la obligación que tienen los gobiernos de garantizarlo.
Subrayó la responsabilidad que tienen las empresas “para evitar la devastación socioambiental y en su saneamiento, y que debe haber un trato diferenciado hacia la pequeña y microindustria, a la que se le debe apoyar desde el gobierno para transitar a una producción limpia”.